Editorial

Comisión para la medición de la pobreza

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Hace algunos días, el Gobierno anunció la creación una Comisión Asesora Presidencial para la actualización de la medición de la pobreza, la cual quedó mandatada a la entrega de un informe de recomendaciones en diciembre de 2024, poco más de una década después de la entrega de conclusiones del comité de expertos convocado en la primera administración del presidente Piñera, que permitieron concretar la última actualización realizada a la medición de pobreza por ingresos y la incorporación de la medición de la pobreza multidimensional.

Resulta apropiado que una instancia técnica sea la que genere recomendaciones de cambios metodológicos que permitan un termómetro fidedigno de nuestra realidad.

Lo anterior parece acertado tanto de fondo como de forma. De fondo, porque la importante caída de la pobreza por ingresos que se dio a conocer con los resultados de Casen 2022 levantó dudas razonables respecto de si la actual medición sigue siendo un buen reflejo de la realidad de nuestro país. En un escenario de ingresos del trabajo que aún no logran recuperar su nivel prepandemia, y que para el caso de los más vulnerables incluso resultan menores que hace una década atrás, cuesta comprender que la pobreza por ingresos haya alcanzado un mínimo histórico de 6,5%. Y de forma, porque tal como lo fue en el pasado, resulta apropiado que una instancia técnica como ésta sea la que genere recomendaciones de cambios metodológicos que permitan que la cifra sea un termómetro fidedigno de nuestra realidad socioeconómica, y con ello logre orientar acertadamente las decisiones de política pública del país. El Estado, y en específico el Ministerio de Desarrollo Social en su rol de coordinador de la política social (y por ello líder de la caracterización socioeconómica del país), debe procurar generar ese espacio de discusión, en que confluyan los posibles avances en, por ejemplo, la revisión de la valorización del alquiler imputado, la actualización de la canasta básica y la línea de la pobreza, entre otros. Dicho espacio permitirá validar una medición que además de cumplir su rol, sea de consenso, trasparente de cara a la ciudadanía, y asegure la independencia de dicha cifra del Gobierno de turno.

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